SISTEMA PENITENCIARIO DE BRASIL
Alumno:
Luis César Salas Bejarano
UN PROBLEMA REITERATIVO:
SOBREPOBLACION PENITENCIARIA
Según
datos de diciembre de 2009, Brasil cuenta con un total de 473.626 presos en su
sistema penitenciario, incluidos los detenidos en comisarías. Solamente en 10
años (de 2000 a 2009), la población carcelaria se duplicó, pasando de unos
233.000 reos a más de 473.000. En cuanto al delito de tráfico de drogas, que
representa la segunda mayor incidencia de presos, en 2005, el número de presos
por este delito era de 32.880 (9.1 por ciento de la población penitenciaria de
Brasil). Para 2009, el número llegó a 91.037 (19.2 por ciento del total)
LA MASACRE DE CARANDIRU
La masacre
de Carandiru se llevó a cabo el viernes 2 de octubre de 1992, en Carandiru Penitenciario en São Paulo , Brasil , cuando la policía militar irrumpieron en las instalaciones después de
un motín en la cárcel . La masacre, que dejó 111 presos muertos
(102 disparos por la policía; 9 asesinados por otros reclusos), es considerado
uno de los principales hechos de violación de derechos humanos en la historia de Brasil.
La masacre fue provocada por
una revuelta de prisioneros dentro de la prisión. La policía hizo poco
esfuerzo para negociar con los prisioneros antes que la Polícia Militar del Estado de São
Paulo asaltó la instalación, que el motín en la cárcel se hizo
más difícil para los guardias de la prisión para controlar. Las bajas
resultantes fueron 111 prisioneros muertos:. 102 de disparos efectuados por la
policía y nueve de puñaladas aparentemente causadas por otros presos antes
de la llegada de la policía. Ninguno de los oficiales de policía
murieron. Los sobrevivientes dijeron que la policía también disparó contra
los internos que ya se habían rendido o estaban tratando de esconderse en sus
celdas.
El
oficial al mando de la operación, el coronel Ubiratan Guimarães ,
fue condenado inicialmente a 632 años de prisión por su mal manejo de la
rebelión y la posterior masacre. El 16 de febrero de 2006, un tribunal
brasileño anuló la condena Guimarães ", debido a las reclamaciones juicio
nulo; el tribunal aceptó su argumento de que él sólo estaba siguiendo
órdenes. Guimarães, quien también fue miembro de la legislatura del estado
de São Paulo, fue asesinado en septiembre de 2006.
Primer
Comando de la Capital (PCC), una
de las pandillas más notorias de Brasil, se dice que ha sido formado en 1993
como respuesta al evento. Este grupo se cree que es responsable de la
muerte de José Ismael Pedrosa, director de la prisión en el momento. La
prisión fue demolida el 9 de diciembre de 2002.
En
abril de 2013, 23 policías implicados en la masacre fueron condenados a 156
años de cárcel cada uno por la matanza de 13 reclusos, mientras que otros
25 policías implicados en la masacre fueron condenados a 624 años de cárcel
cada uno por la muerte de 52 reclusos en agosto de 2013. En un último
ensayo 15 policías más fueron condenados a 48 años cada uno, en abril de 2014.
CARCELES AL LÍMITE
Personas
expertas afirman que gran parte del problema se deriva del estado de las
prisiones brasileñas, increíblemente deficiente. Según el Departamento
Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia, la población reclusa en
Brasil ha aumentado más del doble en los últimos 10 años –de 233.000 en 2000 a
513.802 en junio de 2011– y sigue creciendo. A pesar de las enormes inversiones
realizadas por el gobierno federal, que desde 2003 hasta 2009 ascendieron a
alrededor de 500 millones de dólares, la construcción de centros penitenciarios
no ha sido proporcional al aumento del número de reclusos. A finales de 2012
faltaban 200.000 plazas en prisiones de todo el país, lo que se plasmaba en un
grave hacinamiento y en condiciones de vida inhumanas. El estado de las
cárceles brasileñas es tan nefasto que incluso el ministro de Justicia del
país, José Eduardo Cardozo, afirmó en noviembre de 2012: “Tenemos un sistema
penitenciario medieval, que, además de violar los derechos humanos, no facilita
lo más importante de una sanción penal, que es la reinserción social” .Recientemente,
en una visita de Amnistía Internacional al estado del Amazonas, en el noroeste
de Brasil, la delegación de la organización fue testigo de diversos abusos en
las prisiones y vio a reclusos en celdas malolientes, atestadas e inseguras. En
varias prisiones, las mujeres y los niños y niñas estaban recluidos en las
mismas unidades que los hombres, y se recibieron numerosos informes de torturas
a manos de la policía militar del estado, con prácticas como semiasfixia con
una bolsa de plástico, palizas y descargas eléctricas.
OBLIGACIÓN DE TRABAJAR
Según la Ley de Ejecuciones
Penales brasileña todos los presos deben trabajar, lo
que no es una opción sino una obligación.
El ocio permanente en un
ambiente de promiscuidad, que reúne a los presos primarios con cortas condenas
con criminales condenados a largos años de reclusión, en un ambiente limitado y
frecuente deshumanizado, como sabemos genera consecuencias imprevisibles y
muchas veces irreparables.
La formación escolar y
profesional, la ocupación útil a través del trabajo y de su remuneración, la
actualización cultural a través de los medios hoy fácilmente disponibles, y la
práctica de deportes, general resultados que NO son atenuantes de la privación
de la libertad, pero permiten el equilibrio psicológico y la manutención de la
dignidad inherentes a la naturaleza humana.
Estas actividades son, por
lo tanto, elementos indispensables en la rehabilitación de las personas para su
reintegración social. Ya en el Siglo XVIII Jean Jacques Rousseau consideraba
necesario “abrir escuelas y cerrar prisiones”
En cuanto a la ocupación
física y profesional de los reclusos, el Estado puede y debe aceptar trabajar
junto con quienes pueden colaborar en la tarea, como las empresas de Seguridad
Privada especializadas en esto y en las industrias dispuestas a instalar
oficinas y líneas de montaje de sus productos en las propias penitenciarías.
También pienso en el servicio prestado por voluntarios de distintas confesiones
religiosas, clubes de servicio, clubes deportivos, etc.
Esto en Brasil ya es una
realidad, aunque una realidad reciente cuyos resultados efectivos deberán ser
estudiados a mediano y largo plazo, mientras tanto, ya es posible analizar la
capacidad de recuperación humana que se produce.
El Dr. José Tavares,
iniciador de la participación privada en la administración de presidios,
buscando la rehabilitación social por el trabajo, dice: “si hoy recuperamos
hasta la basura, ¿cómo no hacerlo con los seres humanos?.
Secretario de Justicia del
Gobierno del Estado de Paraná en Brasil, visitó presidios en otros países para
conocer de modo directo los ejemplos de unidades penitenciarias con
administración participada entre el Estado y las empresas de seguridad Privada,
en las que los reclusos tienen responsabilidades de trabajo
productivo y rentable, además de otras ocupaciones relacionadas con la
manutención del propio presidio.
LA EXPERIENCIA DEL PRESIDIO
DE GUARAPUAVA
Estimulado por la
observación directa, el Dr. Tavares desarrolló la primera experiencia en el
estado de Paraná, a partir de una cárcel construida con ese objetivo específico
en la ciudad de Guarapuava, llamada “Penitenciaria Industrial de Guarapuava” y
que tiene un área de 7,177m2, con capacidad para 240 detenidos.
Celebró contrato con una
industria de muebles digna de confianza, “Azulbrás”, que instaló en esa cárcel
una unidad de producción con 1,500 m2 de superficie, en la que
son instruidos y trabajan 140 reclusos.
Estos reclusos reciben un
salario mínimo mensual, y por cada tres días de trabajo se
benefician con una reducción de un día en la pena a la que fueran condenados
por la Justicia.
Las empresas de seguridad
Privada “Pires Serviços de Segurança” y “Metropolitana Serviços de
Segurança” formaron la empresa “Humanitas”, específicamente dedicada a los
servicios administrativos y de seguridad interna en presidios.
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