Fernando De La Cruz H.
EL SALVADOR, PAÍS QUE ENTREGÓ LAS CÁRCELES A SUS
PANDILLEROS
El 2 de
septiembre de 2004 no es fecha que se estudia en escuelas ni está en libros de
la historia reciente de El Salvador; ni siquiera los expertos en seguridad la
tienen muy presente. Pero aquel día se consumó un hecho trascendental: aquel día
el Estado elevó a la categoría de política pública la entrega de cárceles
exclusivas a las principales pandillas, una arriesgada medida que ningún otro
país de la región se atrevió a replicar.
La madrugada
de aquel jueves, cerca de 1,100 privados de libertad –casi el 10% de la
población penitenciaria– fueron movilizados de forma simultánea entre cuatro
cárceles del país: Apanteos (Santa Ana), Sonsonate, Quezaltepeque (La Libertad)
y Ciudad Barrios (San Miguel). Más de 700 eran pandilleros activos de la Mara Salvatrucha (MS-13), que
celebraron como una victoria que el gobierno les concediera al fin uno de sus
reclamos más sentidos.
Dos semanas
atrás, los celebradores habían sido sus archirrivales del Barrio 18, aunque
tuvieran que hacerlo un día después de la masacre carcelaria más mortífera del
siglo –no menos de 32 fallecidos–, la del 18 de agosto en el Centro Penal La
Esperanza, conocido como Mariona. Unos 360 dieciocheros fueron llevados a Cojutepeque, a una
cárcel que paradójicamente había sido clausurada oficialmente un año antes por
céntrica y obsoleta, y de la que se anunció que se convertiría en un centro
cultural.
En una nota
publicada en su edición del 3 de septiembre, El Diario de Hoy sintetizó en un
párrafo el nuevo escenario: “Desde ayer, los penales de Quezaltepeque y Ciudad
Barrios están asignados para los de la Mara Salvatrucha; y los de Chalatenango
y Cojutepeque, para los de la 18”.
El operativo,
desarrollado en la misma semana que el expresidente Antonio Saca presentaba con
bombo y platillo su Plan Súper Mano Dura, no levantó polvareda alguna. No la
adversaron los partidos de oposición; ni siquiera las oenegés e instituciones
que en esos años renegaban consuetudinariamente contra cualquier paso que daba
el gobierno de Arena en materia de seguridad pública.
Rodolfo Garay
Pineda, el director general de Centros Penales que ejecutó la segregación, cree
tener la explicación al porqué una de las medidas que más parece haber influido
en la radicalización del fenómeno de las maras se digirió sin debate en la
sociedad salvadoreña: “Si no se separaban las pandillas, conservar la
estabilidad era imposible… ¡imposible! La separación fue un instrumento
indispensable para conservar el control de los centros”.
I. Las
consecuencias.
El 2 de
septiembre de 2004 el Estado prácticamente fijó el esquema de segregación de
pandillas vigente en la actualidad: a la Mara Salvatrucha le entregó por
completo los penales de Ciudad Barrios y Quezaltepeque; al Barrio 18, los de
Cojutepeque y Chalatenango. La cárcel de Sonsonate se reservó para pandilleros
retirados, aquellos a los que los activos llaman pesetas.
En la década
transcurrida, sin embargo, ha habido algunos movimientos que, si bien no han
alterado el orden establecido, conviene consignar: en 2006 el Estado realizó
una permuta de pandillas entre los penales de Chalatenango y Quezaltepeque; el
crecimiento de la población penitenciaria permitió a los emeeses ganar sectores en los penales de San
Francisco Gotera y de Apanteos; en 2007 al Barrio 18 le fue asignada Izalco, de
nueva construcción; y la posterior ruptura de la 18 en dos facciones, consumada
en 2009-2010, hizo que Cojutepeque se convirtiera en el centro de mando de los
Sureños, y Quezaltepeque, en el de los Revolucionarios, y que en Izalco se
adecuaran dos sectores independientes.
La estrategia
de los centros penales exclusivos se vendió en 2004 como la única que
permitiría el manejo del sistema penitenciario y que evitaría violencia y
masacres, pero parece que no se valoraron las consecuencias de retener bajo un
mismo techo a 1,000 o a 2,000 homies ociosos.
Y
consecuencias hubo. Pero mejor dar la palabra a los peritos.
Dice Wim
Savenije, investigador holandés: “Se reforzó la solidaridad interna [entre los
pandilleros], nacieron divisiones de trabajo, aparecieron nuevas reglas
informales y formales de conducta, y además surgieron líderes (…). La
organización de las pandillas transnacionales empezó a reforzarse
principalmente desde los centros penales”. (Savenije, Wim. Mara
y barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de
Centroamérica. Flacso, San Salvador, El Salvador, 2009).
Dice Jeannette
Aguilar, académica salvadoreña: “La política gubernamental carcelaria ha
cohesionado y consolidado la identidad de las pandillas, ha incrementado el
sentido de lealtad, ha fortalecido los liderazgos y ha fomentado el odio hacia
la pandilla rival, agudizándose así la guerra que libran las dos principales
pandillas desde hace más de una década (…). El propio Estado ha legitimado las
cárceles como un espacio y territorio bajo control pandillero, desde el cual
estos grupos operan”. (Aguilar, Jeannette. Los resultados contraproducentes de
las políticas antipandillas. En revista ECA Nº 708, Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 2007).
Dice Steven
Dudley, periodista y consultor estadounidense: “Mantener agrupados a los
líderes y a una gran parte de los soldados más incondicionales tuvo un efecto
adicional, en especial después de que el Estado asignó centros penales diferentes
a cada pandilla. Los líderes tenían más tiempo para organizar y planear
estrategias y actividades (…), y las pandillas incursionaron en nuevos delitos,
específicamente la extorsión y el secuestro, actividades que se realizan casi
exclusivamente desde las cárceles”. (Dudley, Steven. Drug
Trafficking Organizations in Central América: Transportistas, Mexican Cartels
and Maras. En Woodrow Wilson Center Reports on the Américas #29,
Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, Estados Unidos,
2011).
Sin el
lenguaje florido-retorcido de los académicos, Sleepy, el aka falso de un pandillero retirado
que aceptó hablar para este reportaje bajo condición de anonimato,
dice en esencia lo mismo: “En la historia de las pandillas hay dos momentos
importantes: el primero, cuando les dieron las cárceles; y luego, la tregua”.
II.
Génesis y evolución.
Lo que ocurrió
aquel 2 de septiembre de 2004 no fue una calentura, una improvisación del
Estado con la que nadie contaba. Al contrario. Si se amplía el encuadre y se
mira lo sucedido desde mediados de la década de los noventa, el operativo se
asemeja más a la colocación de la última pieza de un rompecabezas.
Es cierto que
la masacre de Mariona lo aceleró todo, pero la entrega de cárceles se hubiera
consumado también sin esa matanza. “Quizá no en ese momento, pero sí seis meses
o un año después”, dice el ex director Garay Pineda, el arquitecto de la
segregación. Él está convencido de que, ante el deplorable estado de las
cárceles, el hacinamiento y la propia evolución del fenómeno de las pandillas,
era la única alternativa real.
En 1998 en Quezaltepeque celebrábamos eventos con todos los internos
revueltos: MS, 18 y comunes. Había fricciones y riñas, incluso muertos, pero
convivían. Los recuerdo cantando todos abrazaditos la canción de ‘Yo quiero
tener un millón de amigos’”. Las palabras son de Astrid Torres, la titular del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla.
En los noventa,
los pandilleros detenidos eran asignados por lo general al centro penal más
cercano: el emeese de San Miguel, al penal de San Miguel;
el de Chalchuapa, a Apanteos; el dieciochero de Soyapango, a Mariona… Así se hizo
por años, hasta que los pandilleros comenzaron a ganar no solo presencia
numérica dentro del sistema, sino también determinación para hacer frente a los
grupos de poder de reos comunes establecidos.
Observada hoy
desde la distancia, la segregación fue la consecuencia de un complejo y sangriento
proceso que se prolongó casi una década. Arrancó a mediados de los noventa con
el mismo inicio de la guerra entre las pandillas; hubo cesiones intermedias del
Estado, primero con la asignación de
celdas exclusivas dentro de las cárceles, luego pabellones, luego sectores
enteros... hasta aquellos traslados del 2 de septiembre de 2004.
No es tan
conocido que, en la génesis del largo debate, los protagonistas no fueron los
privados de libertad adultos, sino los pandilleros encerrados en centros de
internamiento de menores. “La medida se tomó con los adolescentes primero y
luego se trasladó a los adultos”, dice María Teresa de Mejía, directora general
entre 1993 y 2000 del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM, el
actual ISNA).
Siendo el fenómeno
de las pandillas una expresión mayoritariamente juvenil, de alguna manera la
lógica se impuso. Fueron los niños pandilleros a los que el Estado
primero les asignó recintos exclusivos: para finales del año 2000, el Centro de
Internamiento de Menores Tonacatepeque el de la Mara Salvatrucha, y El Espino
(Ahuachapán), el del Barrio 18.
La medida,
rechazada en principio por los actores involucrados en la justicia penal
juvenil, se asumió como inevitable después de sendos disturbios entre ambas
pandillas en los centros de menores de San Francisco Gotera (julio de 1999) y
Ciudad Barrios (septiembre de 1999), y al calor del fuerte debate generado en
torno a un emeese migueleño de 16 años llamado Gustavo
Adolfo Parada Morales (a) El Directo, de quien los periódicos llegaron a
afirmar que era el enemigo público número uno de El Salvador. La segregación
comenzó a ganar adeptos bajo el credo de que las pandillas se odiaban a muerte,
y la vida era el bien máximo a salvaguardar.
Pasaron cuatro
años hasta que la segregación se replicó con los adultos, pero la semilla se
había sembrado.
“En mi época
ya discutíamos si se separaban o se dejaban juntos”, dice Francisco Bertrand
Galindo, ministro de Seguridad Pública desde junio de 1999 hasta mayo de 2002.
“La idea de que no podían estar juntos nació tras los sucesos de Ciudad
Barrios”, apuntala. Se refiere al sangriento amotinamiento entre menores de
septiembre de 1999, que se saldó con un destazado y más de 40 heridos.
Aunque la
segregación no se consumó bajo su mandato, Bertrand Galindo admite que estaba a
favor: “Había argumentos a favor y en contra, y yo tenía claro que crear
cárceles para cada pandilla se vuelve una retaguardia para ellos, pero el punto
era que si los dejábamos en un mismo recinto, con el nivel de violencia que
tenían y la debilidad de las infraestructuras, el Estado no podía evitar que se
mataran”.
Con el nuevo
milenio el Estado fue dosificando la segregación. Para 2002 ya había varios
centros con fuerte presencia de pandilleros: Quezaltepeque, Chalatenango,
Apanteos e incluso Ciudad Barrios, que cuando fue reabierto como cárcel para
adultos recibió en primera instancia a un nutrido grupo de dieciocheros,
encabezados por Carlos Mojica Lechuga (a) Viejo Lyn.
Inés de Medina
era en esos años la presidenta de Confraternidad Carcelaria, una oenegé
vinculada a la Iglesia Católica que trabaja en los penales. “Los pandilleros
trataban de imponerse en cada cárcel –dice–, y las autoridades no sabían qué
hacer. Por eso surgió la idea de la separación: quisieron evitar las
confrontaciones y los muertos, pero no pensaron en lo que iba a pasar después”.
Jaime
Martínez, entonces director del Centro de Estudios Penales (Cepes, un órgano
ligado a Fespad, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho)
recuerda aquellos tumultuosos años: “El Estado se fue por la vía fácil, porque
otro tipo de decisión implicaba una cantidad de recursos y de conocimientos que
el país no tenía. Hoy que estoy en el gobierno lo entiendo, porque ahora digo:
¿por qué no se contrata a sicólogos, antropólogos, expertos en conducta,
criminólogos…? No se puede porque no hay recursos”. La comprensión actual de
Martínez se debe a que desde junio de 2009, cuando el partido FMLN relevó a
Arena en el Ejecutivo, es el director general de la Academia Nacional de
Seguridad Pública.
“Además
–agrega–, aquella masacre evidenció que había una rivalidad mortal dentro de
las cárceles”.
Se refiere a
la del 18 de agosto de 2004 en Mariona, el acelerador de la separación.
El penal de
Mariona, el más poblado del país, tuvo su propia dinámica. Los pandilleros
siempre fueron minoría ante el poderío de la banda de un civil llamado Bruno, que tenía el control
absoluto del centro.
Sleepy, el dieciochero hoy retirado, estuvo preso
entre 2000 y 2003: “Cuando yo entro en Mariona, en mi celda había veintipico, y
éramos tres de la 18, cuatro de las letras, y los demás, civiles. Y ahí dormíamos y
bromeábamos porque todos sabíamos quién mandaba, ¿ya? Bruno y su raza sí
mantenían el control, y los pandilleros, callados, porque media vez sabían que
nos estábamos reuniendo para algo, nos caía la gran garroteada. En otras
cárceles no era así. El grupo que domina es el que impone sus reglas, y si en
otro penal los civiles eran minoría, los pandilleros hasta
los obligaban a brincarse. Por eso Mariona
hay que verlo separado del resto”.
Para agosto de
2004, ya habían evacuado a los emeeses de Mariona, y los dieciocheros
sumaban unos 400; siempre minoría, pero un número que juzgaron
suficiente para plantar cara a La Raza, los despojos del otrora omnipresente
grupo de Bruno, después de que este fuera trasladado a otro penal. Ese choque
de poderes es el que se saldó con no menos de 32 fallecidos de ambos lados.
Al día
siguiente, el Estado entregó a los dieciocheros supervivientes de Mariona el penal de
Cojutepeque.
Y dos semanas
después, aquel 2 de septiembre, el Estado entregó Ciudad Barrios y
Quezaltepeque a la Mara Salvatrucha.
III.
“Nadie previó. Nadie protestó”.
Tres, seis, 10
años después de consumada la segregación, son incontables los analistas
académicos, políticos, jueces, investigadores, periodistas y oenegeros que
claman contra la medida. “Cuando dividimos a los pandilleros en los penales,
comenzamos a fortalecerlos”, dice Benito Lara, el nuevo ministro de Seguridad Pública.
Pero esas
voces no se oyeron en 2002 ni en 2003 ni en 2004.
“¡Nunca! Nadie
previó. Nadie protestó. Al contrario. Hubo un apoyo tácito incluso de aquellos
que clásicamente nos cuestionaban con fines políticos. Fespad calló. IEJES
calló. El Idhuca calló”, responde enérgico el ex director Garay Pineda cuando se
le pregunta si alguien advirtió la posibilidad de que las pandillas se
volvieran más peligrosas.
“Yo creo que
Fespad sí se pronunció en algún informe en contra de esa decisión, pero sí,
tiene razón, sin ser tan beligerantes. Frente al drama de una matanza, siempre
es más difícil decir que era algo equivocado”, dice Jaime Martínez.
“El problema
es que algo había que hacer. No era necesariamente lo correcto, pero era una
respuesta a la situación”, dice la juez Astrid Torres.
“No hubo
debate público, no”, sentencia el ex ministro Bertrand Galindo.
La hemeroteca
también da la razón a Garay Pineda. Contra el manodurismo, una política
pública contemporánea, desde el entramado político-oenegero se respondió con
una batería de recursos de amparo, comunicados de rechazo y campos pagados en
diarios, pero contra la segregación apenas se dijo algo.
IV.
Quizá había alternativa.
El Consejo
Nacional de Seguridad Pública (CNSP) desapareció a mediados de 2011.
En los años en
los que la segregación se gestaba, el CNSP tuvo un perfil relativamente alto;
era de las siglas con presencia constante en las redacciones. Entre 1999 y 2004
el presidente de la institución fue Salvador Samayoa, un ex dirigente de las
Fuerzas Populares de Liberación (FPL) que asumió el reto de involucrarse en la
seguridad pública durante la administración del expresidente Francisco Flores.
Samayoa
insiste en que estuvo tan al margen del debate de la segregación que ni
siquiera le pidieron opinión. Esa lejanía, anómala si se tiene en cuenta su
cargo, la apoya en el hecho de que, en un gobierno tan ideologizado como el del
expresidente Flores, él era visto con recelo por su pasado guerrillero. Justo
antes de que asumiera las riendas del CNSP, un decreto ejecutivo circunscribió
sus labores a tareas de prevención en zonas de riesgo.
“La separación
de las pandillas la cocinaron ellos”, dice –donde ‘ellos’ es el gabinete de
seguridad–, pero “yo creo que las decisiones de ese tipo no son buenas o malas
per se. Yo, por ejemplo, tuve contacto con el lado positivo de la decisión”.
Samayoa
comprendió que, cuando se trataba de zonas con alta incidencia de pandillas, lo
más productivo era dialogar con los líderes. Y lo hizo.
—Rehabilitar a
privados de libertad no era mi trabajo, pero comencé a hablar con ellos por
razones de orden práctico: estaban prácticamente en todos los barrios en los
que trabajábamos, y tenían la influencia para obstruir o ayudar.
— ¿Trabajó con
las dos pandillas?
—No, solo con
la MS y fue una intuición: me pareció que los de la 18 tenían un perfil más
loco, más impredecible, menos confiable.
En los
primeros años del nuevo milenio, el líder indiscutible de la Mara Salvatrucha
era Borromeo Henríquez Solórzano (a) Diablito de Hollywood. Una década después,
está preso en Ciudad Barrios. Él fue uno de los 30 palabreros que en marzo de 2012 el gobierno
trasladó desde el Centro Penitenciario de Seguridad Zacatecoluca, lo que supuso
el pistoletazo de salida de la tregua. Sigue siendo una de las voces más
respetadas dentro de la MS-13.
—El liderazgo
de Borromeo era muy sólido y muy responsable –dice Samayoa–. Yo todo,
absolutamente todo, lo traté con él, porque la palabra suya valía plenamente.
Por supuesto, valía mucho más que la de los políticos.
—¿¡!?
—El interlocutor más serio que tuve yo en los cinco años al frente del Consejo fue Borromeo Henríquez. Su palabra valía.
—¿¡!?
—El interlocutor más serio que tuve yo en los cinco años al frente del Consejo fue Borromeo Henríquez. Su palabra valía.
—¿A qué se
refiere cuando dice que era serio?
—Por ejemplo, un día yo tenía que contrastar unos sondeos, y le pedí que me
diera los datos de la escolaridad de cada uno de los internos. A la semana
siguiente llegué, y me tenía un reporte con nítida y pulcra caligrafía, celda
por celda, del estatus escolar de los 800 pandilleros que estaban en los
pabellones 9 y 10 de Apanteos. El nivel de disciplina era sorprendente. Les
pusimos una panadería, que por cierto la llamaron ‘Panadería Salvador Samayoa’,
para que hicieran el pan que comían. En el ministerio me dijeron que estaba
loco, pero resulta que la panadería funcionó con contabilidad estricta, auto sostenible
por completo. Les pusimos una biblioteca, organizamos un torneo de basquetbol…
Lo que quiero decir es que era gente muy disciplinada, un liderazgo con el que
yo me podía entender. Si teníamos problemas en un barrio con robos de
materiales de alguna obra que estábamos haciendo, solo tenía que decírselo a
Borromeo, y se solucionaba. Ordenaban desde la cárcel ‘Cero robos’, y era cero
robos de verdad.
— ¿A usted le
ayudó la segregación?
—Fue una
ventaja poder entenderme con un liderazgo responsable y que de verdad era
liderazgo, algo que ahora tengo más en duda, por la evolución del fenómeno. Y
sí, la posibilidad de que yo tuviera decisiones prontas y confiables se basaba
en que estuvieran juntos. Que haya una estructura de mando siempre es positivo;
eso lo aprendí durante la guerra. Siempre se necesita un interlocutor coherente
y sólido. Y si es mi enemigo, con mayor razón. Con quien no se puede lidiar
nunca es con una contraparte dispersa, desarticulada y que ni siquiera tiene noción
de sus propios intereses. Por eso yo estaba tan cómodo con el liderazgo de
Borromeo en la MS, y creo que tenerlos juntos no es en sí bueno ni malo; la
clave es si se hacen o no otras cosas con ellos.
Se aleja
tantito del tema principal de este reportaje, pero lo que Salvador Samayoa
sugiere entre líneas es la validez y la utilidad de la negociación con los
líderes de las pandillas. Él asegura que El Salvador tuvo beneficios concretos
por sus esfuerzos en el CNSP: “El salto de las pandillas no fue en el quinquenio
1999-2004, sino después”. Sea causa-consecuencia o pura casualidad, lo cierto
es que el fenómeno se descontroló cuando el gobierno dinamitó los espacios de
entendimiento con las maras y apostó por el manodurismo.
—Yo siempre
pensé, y lo sigo pensando, que una de las deficiencias inmensas que hemos
tenido en El Salvador con el tema de las pandillas es que nadie, o muy poca
gente, se ha tomado siquiera la molestia de intentar comprender el fenómeno, de
entenderlo desde el punto de visto antropológico, sociológico e histórico.
V. Las
cárceles de las maras, hoy.
Dice Roberto
Valencia, periodista de la Sala Negra: “En los últimos tres años he entrado
repetidas veces en Ciudad Barrios, Quezaltepeque, Cojutepeque e Izalco. Supongo
que será por ser la más reciente, pero Izalco sí da la sensación de que el
Estado tiene cierto control sobre lo que sucede adentro; por de pronto, los
reos están uniformados, y cuando se mueven de un sector a otro lo hacen
encadenados de pies y manos. Cojutepeque y Quezaltepeque el gobierno se las dio
al Barrio 18, Sureños y Revolucionarios respectivamente. En los dos el Estado
prácticamente se limita a controlar los muros y las oficinas administrativas,
al punto que ni siquiera está en capacidad de repartir la comida entre los internos;
la entregan en grandes recipientes en los portones y las pandillas la
distribuyen entre sus homies. Cuando uno entra
como periodista, lo hace solo si tiene el aval de los palabreros –de nada sirve la autorización del
director del penal– e ingresa, literalmente, por su propio riesgo. Pero la
cárcel más impresionante sin duda es Ciudad Barrios, el cuartel general de la
Mara Salvatrucha, que tiene los mismos males que las dos anteriores, solo que
multiplicados, ya que alberga a unos 2,500 activos. Sin las rígidas
normas de convivencia y de disciplina de las pandillas, sería una auténtica
jungla, pero milagrosamente cada día amanece y anochece sin que esa bomba de
tiempo genere titulares. Ciudad Barrios es también un mercado en el que todo se
compra y todo se vende, pero con un orden tan improbable como real; los
internos se encierran en las celdas por las noches porque ellos así lo quieren,
como una cortesía con el sistema; y cuando uno ingresa, los custodios te dejan
solo con los anfitriones y cierran con llave el portón a tu espalda. Adentro,
la sensación de que el Estado se desvaneció es inevitable”.
VI.
¿Es reversible la segregación?
Desde el 11 de
junio de 2014 hay en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley
Penitenciaria que propone agregar un inciso al artículo 68. Este: “Para efectos
de destino o ubicación de los internos, no podrá hacerse distinción entre
centros penitenciarios en razón de su pertenencia a maras, pandillas,
agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”.
La pieza de
correspondencia se enmarca en el ambiente pre electoral por las legislativas de
2015, y la firmó Guillermo Gallegos (del partido Gana), paradójicamente uno de
los diputados que con sus votos enalteció el manodurismo.
Cuando en 2004
el Estado entregó sus cárceles a las maras había 12,000 personas encerradas, y
hoy son casi 28,000, en un sistema diseñado para poco más de 8,000. A pesar de
estas cifras, el ministro Benito Lara ha dejado entrever en un par de ocasiones
que el gobierno está considerando volver a juntar en el mismo patio carcelario
a dieciocheros, emeeses y civiles.
¿Es reversible
la segregación?
“Sería la peor
decisión. Sin antes realizar un proceso de atención a la población carcelaria y
de garantizar los derechos… ahorita no es una opción”, dice Bertha Deleón, ex fiscal
y abogada de Fespad.
“Se podría
revertir… si antes se hace una inversión económica fuerte, una inversión de
tiempo increíble y una voluntad bárbara para mejorar los centros”, dice la
jueza Astrid Torres.
“Con el
pre requisito de que el Estado controle los centros penales, sí es reversible”,
dice el ex ministro Bertrand Galindo.
“Yo lo veo
complicado. Los mismos factores que justificaron tomar esa decisión siguen
estando ahí”, dice Jaime Martínez.
— ¿Juntarán
pandilleros de la MS y de la 18 en un mismo penal? –encaró un periodista al
ministro Benito Lara durante una conferencia de prensa celebrada el 30 de
julio.
—Lo que
nosotros hemos planteado es que no podemos estar asignando centros penales cada
vez que las pandillas se dividan o cuando tengan dificultades entre ellas. Es
imposible. Nosotros no estamos en la disposición, porque… ¿dónde los íbamos a
acomodar? O construirles nuevas instalaciones, porque… ¿con qué fondos?
— Pero, a
corto o medio plazo, ¿van a convivir en cárceles salvadoreñas emeeses y dieciocheros, como usted
ha sugerido?
—Eso es algo
que vamos a tener que afrontar, pero a futuro. Ahora lo que tenemos claro es
que no se pueden adecuar penales para cada grupo.
Gallo-gallina.
Ambigüedad absoluta. La respuesta propia de un político que no lo tiene claro.
Más
pragmático, el dieciochero retirado Sleepy tiene
su opinión: “Juntarlos ahora sería tan absurdo como en su momento fue
separarlos”.
Aunque todo se
puede negociar…
COJUTEPEQUE, LA
CÁRCEL DE “LUJO” DE LAS PANDILLAS
El Salvador es
el país con las cárceles más hacinadas del continente y el Centro Penal de
Cojutepeque es la cárcel salvadoreña más nauseabunda. Este antiguo cuartel
habilitado como prisión para pandilleros de la facción Sureños del Barrio 18 es
un oscuro laberinto de celdas y sectores repleto de basura. Desde inicios de la
tregua entre las dos principales pandillas algunas voces han apuntado a que las
cárceles de pandilleros han obtenido mejoras y bienes innecesarios para un penal.
Cojutepeque ilustra mejor que ningún otro centro lo contrario: la infinidad de
carencias que impiden que el sistema penitenciario cumpla la función
rehabilitadora que le asigna la Constitución.
Ubicado
en pleno centro de Cojutepeque, la cabecera departamental de Cuscatlán, este
penal es el feudo por excelencia de la facción Sureños, del Barrio 18, si bien
ahora la dirigencia de la pandilla trata de mantener un discurso de unidad. Uno
de sus líderes y voceros, Carlos Ernesto Mojica Lechuga, (a) Viejo Lin, está
preso en este penal desde el 9 de marzo, cuando fue trasladado desde el Centro
Penitenciario de Máxima Seguridad en Zacatecoluca.
Es
difícil calcular la capacidad de este antiguo cuartel militar transformado en
cárcel, ya que cualquier rincón es adaptado para apiñar a seres humanos. La
versión de la dirección del centro también varía según quien pregunta. La
realidad aproximada es que unos mil 200 reos conviven en un espacio diseñado
para a un máximo de 300.
Según
el último informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas, redactado por la
Organización de Estados Americanos, El Salvador es el país con mayor
hacinamiento carcelario del continente americano, seguido por Haití y Bolivia.
Con una capacidad total de poco más de 8 mil plazas, en El Salvador se
amontonan más de 27 mil reos.
A
consecuencia del hacinamiento extremo, el suelo del penal está lleno de fluidos
y de basura que desprenden un asfixiante hedor. Los presos solo tienen agua en
el penal durante una hora en el día y otra hora durante el encierro. La falta
de higiene conlleva numerosas enfermedades como hongos y sarna.
Cuando
se le pregunta a los pandilleros qué es lo peor de estar en esta cárcel, la
respuesta suele ser la misma: “Estamos trisaturados”. La respuesta de los
voceros de los tres sectores que existen en Cojutepeque también es ilustrativa:
“Solamente pedimos condiciones de vida más adecuadas a las de un ser humano”.
La
comida también es motivo habitual de queja entre los internos. Muy poca
variedad y a veces no llega para todos. Aunque desde el inicio de la tregua los
familiares pueden entrar comida en los penales, los reos aseguran que es muy
difícil que la autoricen o que pase los controles de seguridad.
Aunque
las condiciones de vida en Cojutepeque son infrahumanas, el principal reclamo
de la pandilla es su derecho a programas de rehabilitación como talleres
productivos o educación. Existe en el penal una pequeña área de escuela y
talleres, pero falta personal educativo.
A
Luis Méndez le apodan “Muerte”. Y eso es porque a partir de un “fierrazo” que
recibió hace dos años anda por el penal con las tripas de fuera, protegidas solo
por una bolsa plástica como las que sirven para embolsar verduras en un
supermercado. “No me dan ningún medicamento, solo cuando salgo al hospital me
dan unas pastillas para el dolor…”, dice. Cuando se le tomó esta fotografía,
Luis llevaba dos meses sin atención médica especializada.
La
oscuridad en algunas celdas es total, al punto que hay que caminar a tientas
aunque sean las 2 de la tarde de un día soleado. Además, el espacio transitable
es mínimo debido a que cualquier rincón es habilitado para dormir. Los
pandilleros han desarrollado un sistema especial para guiarse en la oscuridad
que consiste en caminar unos pegados con otros entrelazando sus brazos para no
chocar con los catres o entre sí.
El
pasado 12 de septiembre, el obispo Fabio Colindres celebró una misa en
Cojutepeque en apoyo a la tregua entre las pandillas Barrio 18 y Mara
Salvatrucha-13. Desde el inicio de este proceso ha habido una serie de mejoras
en los penales, como la posibilidad de recibir visitas de niños o que la
familia pueda ingresarles hasta 50 dólares mensuales o la instalación de
televisores en las celdas para matar el tiempo.
Aunque el penal ya no
da abasto, los reos aseguran que siguen entrando semanalmente más homeboys.
La reinserción como razón de ser de las cárceles –consignada en el artículo 27
de la Constitución– es papel mojado en El Salvador. Al contrario, las
condiciones de vida son medievales. Como llegó a decir este año el ex director
de Centros Penales, Douglas Moreno: “Nadie se rehabilita en un escusado”.
LOS PRISIONEROS YA NO CABEN EN LAS CÁRCELES DE EL SALVADOR
La población
carcelaria está integrada por 23 mil 920 hombres y 424 mujeres
Actualmente
El Salvador alberga a más de 26 mil prisioneros en 19 cárceles a lo largo de
todo el país, cuya infraestructura fue diseñada para recluir a un máximo de
ocho mil internos, lo que significa un sobre cupo de más del 300 por ciento.
A esa
cifra se suman los tres mil 300 prisioneros que permanecen en las celdas
policiales y quienes por ley deberían estar en una prisión.
Según
informa el portal ElSalvador.com la población carcelaria está
integrada por 23 mil 920 hombres y 424 mujeres, que corresponde a menos del dos
por ciento.
En el
caso de las celdas de la Policía, la saturación de reclusos ha propiciado ya
las fugas de 15 reos en tres distintos hechos durante el último mes.
La
mayoría de los fugados son pandilleros que eran procesados o condenados por
delitos graves. Solo dos han sido recapturados, mientras que el resto sigue
fugitivo.
Buscan
resolver el problema
En abril
pasado las autoridades de Justicia y Seguridad Pública, junto a representantes
del Banco Centroamericano de Integración Económica, suscribieron un acuerdo
para que el gobierno salvadoreño accediera a un préstamo de 71 millones de
dólares, que servirían para la ampliación de la infraestructura carcelaria.
Ese
dinero también sería destinado para la adquisición de equipo tecnológico que
permita solventar parte del alto grado de hacinamiento en la que se encuentran
los más de 26 mil reclusos en las cárceles.
Dicho
equipo consiste en cuatro mil brazaletes electrónicos de localización satelital
para colocárselos a los presos que sean beneficiados con la libertad
condicional.
Todavía
falta que el ministerio de Hacienda envíe a los diputados de la Asamblea
Legislativa el préstamo para su ratificación para que de inmediato se hagan las
gestiones necesarias y así poder echar a andar esos planes, según las
autoridades de Justicia y Seguridad Pública.
Hay más
de nueve mil homicidas
Un
informe de la Dirección de Centros Penales detalla que 20 mil 153 reclusos ya
han sido condenados por los tribunales de justicia, por lo que ya cumplen sus
penas dentro del sistema carcelario.
Los otros
seis mil 359 todavía están siendo procesados en el sistema judicial, por lo que
sus detenciones son provisionales.
El
informe señala además que del total de condenados, nueve mil 292 son homicidas,
otros cuatro mil 476 son extorsionistas, más cuatro mil 302 fueron sentenciados
por robo y dos mil 021 fueron condenados por delitos relacionados con el
tráfico de drogas.
Pero no
solo son salvadoreños los que están recluidos en el sistema penitenciario,
también hay delincuentes extranjeros que cumplen una condena o esperan ser
enjuiciados. Se encuentran 424 extranjeros, de los cuales la mayoría son
nicaragüenses (155), guatemaltecos (114) y hondureños (87).
Se le
suman 20 colombianos que en su mayoría han sido sentenciados por delitos de
narcotráfico, 11 estadounidenses, nueve mexicanos e igual número de
ecuatorianos.
https://www.youtube.com/watch?v=3v0CxvbqNWY
https://www.youtube.com/watch?v=o2d0BY6CY58
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