sistema penitenciario de holanda Lady Miriam Bravo Esquivias

EL SISTEMA PENITENCIARIO DE HOLANDA

El descenso de la delincuencia en Holanda es una buena noticia, excepto para los funcionarios de prisiones, que temen perder su puesto. Por eso la Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Nebahat Albayrak, ha anunciado una serie de medidas para solucionar los problemas laborales que trae consigo el cierre de 8 prisiones.

El excedente de celdas se debe también al descenso de la delincuencia en los Países Bajos habrá que reciclar los edificios para otro fin y evitar que el personal empleado en estas instituciones penitenciarias vaya al paro. De momento se han ofrecido 500 celdas en Tilburg al gobierno belga, al que le faltan cárceles y que envía delincuentes a casa por falta de espacio en las prisiones.

El actual sistema penitenciario holandés dispone de 14.000 celdas, de las que sobran 2.000. El problema del excedente de celdas tiene su “prehistoria”. En los años 70 creció la criminalidad en el país, por lo que de 1985 al 1995 se dobló el número de celdas y aún no eran suficientes.

En 1989 se introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio de la comunidad, en vez de la pena de prisión. Por ejemplo, 240 horas de servicio en lugar de 6 meses de cárcel. Estas nuevas sanciones no se pusieron en práctica hasta 1997, y el número de encarcelados con pena de más de 6 meses bajó de 23.500 a 18.000.

Las protestas que habían surgido en décadas anteriores sobre la desproporción entre delito y pena y las críticas sobre lo inhumanos que resultaban los castigos también aceleraron el cambio de sanciones.

Sus defensores argumentaban que los trabajos a favor de la sociedad favorecerían la reinserción social del trasgresor, no se le estigmatizaba como criminal por la pérdida de libertad y, en el caso de jóvenes, se involucraba a los padres en el seguimiento de la evolución de la conducta del delincuente.

Y, en efecto, se demostró que el tanto por ciento de reincidentes entre los que habían sido condenados a trabajos sociales era un 20% inferior al de los que habían estado en prisión.

También hay argumentos económicos que abogan a favor de sistema. Un delincuente castigado a trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas en tiempo libre, su trabajo genera algún bien a la sociedad, mientras que un preso cuesta al Estado 100.000 euros por año.

Según apunta el Ministerio Fiscal, el excedente de celdas se debe también al descenso de la delincuencia en los Países Bajos. Aunque los políticos de partidos de la derecha atribuyen este descenso a que los jueces imponen penas menos severas en delitos como atracos con violencia, crimen, homicidio y delitos relacionados con drogas.

Esto último ha originado discusiones en la Segunda Cámara. Los partidos de la oposición, Liberales VVD y Populistas, PVV, han pedido un debate sobre la situación. El Ministro de Justicia, Enrst Hirsch Ballin, democristiano, ha tenido que enviar una carta a los diputados puntualizando qué tipo de faltas se pueden sancionar con trabajos sociales y qué delitos son suficientemente graves como para merecer prisión.

Algunos rasgos destacables del sistema penitenciario: cierre de prisiones. Bélgica ha tenido precedentes de hacinamiento, aunque actualmente está en situación de infraocupación con 14.000 plazas aproximadamente, de las que están vacías 2.000 de ellas. De ahí que se haya llegado a adoptar soluciones como alquilar dichos centros a otros países. El centro penitenciario de Tilburg se utiliza en la actualidad para los reclusos belgas y supone unos ingresos cercanos a 30 millones de euros al año a razón de 5.000 €/mes por celda. En paralelo, se ha planteado la necesidad de reducir drásticamente el tamaño de la plantilla del personal al servicio de Instituciones Penitenciarias. Entre los factores que se indican como la causa de esta baja ocupación, está el uso y extensión de los sistemas de vigilancia electrónica. Holanda es uno de los primeros países que junto a Gran Bretaña y Suecia importaron de forma temprana la experiencia estadounidense del régimen de vigilancia electrónica. En el país se recurre a este sistema con las penas entre 6 meses y un año, aunque también se posibilita la suspensión de la pena y excarcelación anticipada en determinados supuestos (Iglesias y Pérez 2006:1081 y ss.). A finales de los ochenta se realizaron ciertos planteamientos, aunque desató la polémica por la disyuntiva entre los posibles efectos perniciosos de la vigilancia electrónica por la posible “intromisión de la esfera privada de las personas”. A mediados de los noventa se retomó la iniciativa favorecida por los argumentos de reducción del coste del sistema penitenciario y tras una experiencia piloto positiva se extendió a todo el país en 1997 (González Blanqué 2008:25 y 26). Las cárceles holandesas se quedan sin presos El gobierno del país se plantea cerrar ocho centros penitenciarios ante la falta de criminales Las cuentas son claras: Holanda posee una infraestructura penitenciaria para acoger a catorce mil presos pero el número actual es de doce mil, y esto, en una nación de clara mentalidad centroeuropea, es sinónimo de despilfarro de recursos. Así pues, tras diferentes intentos para reajustar la situación, como el alquiler de cárceles a sus vecinos belgas, la ministra de justicia Nebahat Albayrak anunció hace unas semanas que se cerrarán ocho cárceles de todo el país, lo cual puede suponer la pérdida de unos mil doscientos puestos de trabajo. Entre las razones del déficit de reos en los Países Bajos, se encuentran fundamentalmente la legalización de las drogas, así como un idílico modelo de respeto e igualdad social que ha contribuido a disminuir los índices de criminalidad. No hay nada mejor que una comparación para entenderlo: Holanda cuenta con una población de unos 16,6 millones de habitantes, de los cuales, solo 12.000 son prisioneros; California, sin embargo, con casi el doble de población (36,7 millones), tiene 171.000 prisioneros (casi quince veces más), gran parte de ellos en la cárcel por fumar o vender marihuana. Precisamente, y en el lado contrario, este es el argumento que esbozan muchos detractores de la medida en Holanda, que prefieren llenar las cárceles de jóvenes, antes que tenerlos en las calles. La polémica está servida.

El ejemplo holandés

René van Swaaningen, profesor de Criminología Comparada en la Universidad Erasmus de Rotterdam, nos cuenta cómo Holanda fue hace tiempo una utopía en lo que se refiere al sistema penal y penitenciario. Desde principios de los años 50 hasta la mitad de los años 80 se hablaba de la excepcionalidad del país, ya que consiguió reducir la población penitenciaria hasta niveles ínfimos y se impusieron los valores resocializadores como en ningún otro lugar, convirtiendo en realidad el principio de que la prisión debe utilizarse como "último recurso" en el sistema penal.

Brocco Lee(flickr)

Antigua cárcel de Carabanchel.

Sin embargo, a partir de los años 80 se dio una aproximación nueva a la política penal , en la que la prisión "pasó de tener una misión relacionada con el bienestar social y la resocialización a convertirse en un bastión de la defensa social", acercándose a los principios de la 'cultura del control' que definió David Garland. El resultado de este cambio de paradigma es que se pasó en Holanda de una media de 30 presos por cada 100.000 habitantes en 1985 (la tasa europea más baja) a una media de 120 presos por cada 100.000 habitantes en 2005.

Al igual que en España, ese cambio de tendencia no tuvo una correspondencia real con las cifras de criminalidad, que si bien crecieron durante los años 80, se estabilizaron claramente a partir de la década siguiente. "La enorme expansión de las prisiones podría verse como un resultado inevitable del incremento de los crímenes en Holanda, pero no es así porque su desarrollo es estable desde hace 15 años", comenta René van Swaaningen.

Las causas de ese incremento de presos que cita el profesor holandés nos recuerdan mucho a lo que se vive actualmente en la realidad penitenciaria española, y responden más a un nuevo clima de opinión y de abordar el fenómeno de la criminalidad: una aproximación más emotiva hacia el fenómeno del crimen por parte de los medios de comunicación y los políticos, elendurecimiento de las penas, la priorización de estrategias propias del mercado para abordar la delincuencia y el régimen penitenciario, una vuelta al discurso de la incapacitación de los delincuentes, un olvido de los principios resocializadores y de las causas sociales de la delincuencia, la adquisición de un tono moralista, la inflación del término 'violencia'...

¿Reconoces estos síntomas? Y es que este clima también se ha dejado ver en España y se ha traducido en una serie de decisiones que, a partir de la adopción del Código Penal de 1995, provocaron un aumento desmesurado de la población penitenciaria. Por ejemplo, como consecuencia del marco penológico creado por el nuevo texto legal, el tiempo medio de estancia en prisión casi se duplicó, al pasar de 9.7 meses en 1996 a 16.7 meses en 2004, según los datos del Consejo de Europa.